Agricultores y ganaderos convocan movilizaciones en toda España para protestar por su grave situación, aunque los motivos son complejos.
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| Una de las manifestaciones celebradas estos días en Extremadura Europa Press |
El Diario.es: https://bit.ly/2Sv92Xe / Analía Plaza
Los agricultores y ganaderos españoles han empezado el año en pie de guerra. Entre esta semana y la que viene hay 21 movilizaciones, tractoradas incluidas, convocadas en todo el país. Las imágenes de cargas policiales en Don Benito (Badajoz) han elevado el alcance de sus reivindicaciones, si bien la principal queja es muy antigua —los precios que les que pagan por sus productos no les dan para vivir— y entre los manifestantes hay muchas ramas: de olivareros a apicultores pasando por productores de fruta.
Hay gobierno nuevo, malestar en el campo y una agenda política que debe tener en cuenta sus reivindicaciones, explican fuentes cercanas a las protestas. Así, sectores muy diferentes se unen, marcan un decálogo de peticiones y lanzan un mensaje al unísono: la situación en el campo es insostenible.
La situación es muy grave, resume Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una de las asociaciones convocantes. Pero no es de golpe y porrazo. Lo sufrimos desde hace tiempo. Los costes siguen altos y vendemos a precios de hace 25 años. En ocasiones no los cubrimos. Yo soy productor de melocotones, ciruelas y nectarinas: un kilo me cuesta 35 céntimos y este año nos lo han pagado a 15.
Desde UPA aseguran que las movilizaciones no tienen que ver con el recién formado Gobierno, aunque, evidentemente, tener ya un interlocutor claro ha podido animar a ello. Los problemas, añaden, llevan tiempo fraguándose y son varias las gotas que han colmado el vaso: la caída de los precios de la fruta y el aceite esta campaña, los aranceles de Trump a productos como el aceite, las aceitunas o el queso, los anuncios de recortes de la Unión Europea para la PAC y la falta de un cambio de comportamiento de la gran distribución, que sigue usando los productos alimentarios como reclamo, hundiendo los precios un día, sí, y otro día, también.
Desde UPA aseguran que las movilizaciones no tienen que ver con el recién formado Gobierno, aunque, evidentemente, tener ya un interlocutor claro ha podido animar a ello. Los problemas, añaden, llevan tiempo fraguándose y son varias las gotas que han colmado el vaso: la caída de los precios de la fruta y el aceite esta campaña, los aranceles de Trump a productos como el aceite, las aceitunas o el queso, los anuncios de recortes de la Unión Europea para la PAC y la falta de un cambio de comportamiento de la gran distribución, que sigue usando los productos alimentarios como reclamo, hundiendo los precios un día, sí, y otro día, también.
La eterna protesta
Las quejas contra la gran distribución son habituales en el sector. Aunque en este momento concreto el gran perjudicado es el aceite —cuyos precios en origen han caído un 47% en dos años, según datos del Ministerio de Agricultura— es extraña la semana que no hay queja de los agricultores por alguna campaña de algún supermercado. Una reciente protesta tuvo como motivo el enfado con Lidl por alentar el preciobajismo usando como reclamo el aceite de oliva y los kiwis de origen español.
UPA denunciaba la cuenta en Twitter del personaje creado por el supermercado para hacer publicidad (el falso catedrático de Oxford Corneluis Fitzgerarld), explicaba que ahonda en el comportamiento pernicioso de las cadenas y pedía su retirada, que consultaría con Autocontrol.
A principios de noviembre, la organización cargó contra Dia por hundir el precio del pollo. Los catálogos del supermercado venían con ofertas del 30%. Un pollo pasaba de 2,48 a 1,69 euros. Los ganaderos consideraron que era una claro caso de venta a pérdidas y lo denunciaron ante la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del Ministerio que tiene por objeto la mejora de la cadena agroalimentaria.
He aquí una de las principales cuestiones: si vender por debajo del precio de coste es denunciable, ¿por qué los supermercados lo hacen y qué pasa después?
La clave está en un cambio legal de hace dos años. Hasta entonces, la venta a pérdidas sí estaba prohibida en España por la Ley del Comercio Minorista y se demostraba aportando facturas. A partir de 2018, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la venta a pérdidas española tuvo que ajustarse a la norma europea y ahora debe ser considerada como venta desleal para ser sancionable. Las competencias están transferidas, así que la AICA lo único que hace es derivar las denuncias a las autonomías. Hasta la fecha, lleva 268.
Las quejas contra la gran distribución son habituales en el sector. Aunque en este momento concreto el gran perjudicado es el aceite —cuyos precios en origen han caído un 47% en dos años, según datos del Ministerio de Agricultura— es extraña la semana que no hay queja de los agricultores por alguna campaña de algún supermercado. Una reciente protesta tuvo como motivo el enfado con Lidl por alentar el preciobajismo usando como reclamo el aceite de oliva y los kiwis de origen español.
UPA denunciaba la cuenta en Twitter del personaje creado por el supermercado para hacer publicidad (el falso catedrático de Oxford Corneluis Fitzgerarld), explicaba que ahonda en el comportamiento pernicioso de las cadenas y pedía su retirada, que consultaría con Autocontrol.
A principios de noviembre, la organización cargó contra Dia por hundir el precio del pollo. Los catálogos del supermercado venían con ofertas del 30%. Un pollo pasaba de 2,48 a 1,69 euros. Los ganaderos consideraron que era una claro caso de venta a pérdidas y lo denunciaron ante la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, dependiente del Ministerio que tiene por objeto la mejora de la cadena agroalimentaria.
He aquí una de las principales cuestiones: si vender por debajo del precio de coste es denunciable, ¿por qué los supermercados lo hacen y qué pasa después?
La clave está en un cambio legal de hace dos años. Hasta entonces, la venta a pérdidas sí estaba prohibida en España por la Ley del Comercio Minorista y se demostraba aportando facturas. A partir de 2018, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la venta a pérdidas española tuvo que ajustarse a la norma europea y ahora debe ser considerada como venta desleal para ser sancionable. Las competencias están transferidas, así que la AICA lo único que hace es derivar las denuncias a las autonomías. Hasta la fecha, lleva 268.
La AICA está haciendo un gran trabajo, continúa Ramos. El problema es que, como mucho, podemos saber si han admitido a trámite la denuncia. Las sanciones no son públicas, así que si hay empresas incumpliendo la ley no se les sacan las vergüenzas. Pedimos una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para que se conozcan las sanciones.
Fijar un precio mínimo por debajo del cual no se pueda vender, como también sugieren a veces las asociaciones agrícolas, está descartado. El ministro de agricultura, Luis Planas, ya ha declarado que no está autorizado ni por la Constitución ni por la UE. Podemos tratar de intervenir y regular dentro de las normas de competencia, pero tenemos límites legales.
Del aceite, por cierto, no hay consenso en las razones de su caída de precio: los distribuidores y envasadoras dicen que es porque la cosecha fue muy grande (y a mayor oferta, menor precio), pero los agricultores lo achacan a los "movimientos especulativos de la gran distribución".
Fijar un precio mínimo por debajo del cual no se pueda vender, como también sugieren a veces las asociaciones agrícolas, está descartado. El ministro de agricultura, Luis Planas, ya ha declarado que no está autorizado ni por la Constitución ni por la UE. Podemos tratar de intervenir y regular dentro de las normas de competencia, pero tenemos límites legales.
Del aceite, por cierto, no hay consenso en las razones de su caída de precio: los distribuidores y envasadoras dicen que es porque la cosecha fue muy grande (y a mayor oferta, menor precio), pero los agricultores lo achacan a los "movimientos especulativos de la gran distribución".
Esto es muy de 2004
La problemática de los agricultores es con la gran distribución, que es la que fija, se adapta y compra cosechas, señala Santiago Blázquez, gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. En mercados centrales hay importante concentración de oferta y demanda que evita cualquier posición de dominio de los mayoristas.
Fuentes del sector de la distribución lamentan el mensaje simplista que les coloca como los malos de la película y traslada al consumidor la idea de que le engañan.
Fuentes del sector de la distribución lamentan el mensaje simplista que les coloca como los malos de la película y traslada al consumidor la idea de que le engañan.
Hoy he puesto la televisión y me he retrotraído al año 2004. Con toda la información que hay sobre precios y la cantidad de estudios sobre la cadena de valor, que se siga diciendo que el precio del campo al consumidor se incrementa un 800% es muy de 2004, señalan. No es por despreciar el problema del precio en origen, que existe. Es por cuestionar que esto se deba a un funcionamiento incorrecto. Me atrevería a decir que los agricultores saben que no se puede simplificar y decir que el problema son los márgenes y los intermediarios, porque no es así. Los precios en origen se conocen. Y un altísimo porcentaje de lo que reciben es de fuera, porque se exporta. Si quitas lo que consume en hostelería y restauración, lo que compran los detallistas y lo que se exporta... Solo nos faltaba que digan que los supermercados se apropian del margen. En ese caso, 'precios justos' querría decir 'precios más altos.
Para los grandes distribuidores, gran parte del problema de precios que enfrenta el campo español tiene que ver con los mercados internacionales: los aranceles estadounidenses y el coleante veto ruso, país que lleva cinco años prohibiendo la entrada de productos agroalimentarios europeos.
Para los grandes distribuidores, gran parte del problema de precios que enfrenta el campo español tiene que ver con los mercados internacionales: los aranceles estadounidenses y el coleante veto ruso, país que lleva cinco años prohibiendo la entrada de productos agroalimentarios europeos.
Otros están afectados por el incremento del coste del pienso. Pero el porcino, por ejemplo, está alcanzando niveles récord por la peste porcina de China, continúan. Hay sectores en buena posición. El problema es complejo.
Un problema político: la subida del SMI
Además de los bajos precios en origen y las prácticas comerciales abusivas, el gran caballo de batalla de los productores está en el incremento de sus costes de producción. Hay que frenarlos: están los seguros agrarios, los fertilizantes... y lo que se ha añadido es el incremento del coste salarial. Es un añadido más, añade Juan José Álvarez, de Asaja, otra de las convocantes. Estamos hablando de un 29% en dos años.
La incidencia de la subida del salario mínimo en el empleo agrario ha ocupado estos días de protestas parte del debate, pese a que ni siquiera UPA lo lleve entre sus reivindicaciones.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocer los datos de la EPA, que calificó de rematadamente malos en el sector agrario y atribuyó al SMI. También la CEOE ha utilizado el argumento, declarando que "es fuerte que se diga que el SMI no influye en el campo". Los datos muestran, sin embargo, que la ocupación en la agricultura y ganadería está peor que en 2008... pero mejor que en 2016.
Esta rama es una de las pocas que ha perdido ocupados desde entonces, pero está muy lejos de sectores como la construcción o la industria manufacturera. Pese a que algunos medios y la patronal de los empresarios han insistido en que el aumento del SMI afecta al campo, los agricultores y ganaderos no lo meten entre sus focos. Algunas fuentes señalan que, en realidad, el movimiento tiene que ver con no querer chocar con los sindicatos.
Además de los bajos precios en origen y las prácticas comerciales abusivas, el gran caballo de batalla de los productores está en el incremento de sus costes de producción. Hay que frenarlos: están los seguros agrarios, los fertilizantes... y lo que se ha añadido es el incremento del coste salarial. Es un añadido más, añade Juan José Álvarez, de Asaja, otra de las convocantes. Estamos hablando de un 29% en dos años.
La incidencia de la subida del salario mínimo en el empleo agrario ha ocupado estos días de protestas parte del debate, pese a que ni siquiera UPA lo lleve entre sus reivindicaciones.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocer los datos de la EPA, que calificó de rematadamente malos en el sector agrario y atribuyó al SMI. También la CEOE ha utilizado el argumento, declarando que "es fuerte que se diga que el SMI no influye en el campo". Los datos muestran, sin embargo, que la ocupación en la agricultura y ganadería está peor que en 2008... pero mejor que en 2016.
Esta rama es una de las pocas que ha perdido ocupados desde entonces, pero está muy lejos de sectores como la construcción o la industria manufacturera. Pese a que algunos medios y la patronal de los empresarios han insistido en que el aumento del SMI afecta al campo, los agricultores y ganaderos no lo meten entre sus focos. Algunas fuentes señalan que, en realidad, el movimiento tiene que ver con no querer chocar con los sindicatos.
