El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se reunirá el lunes, en Luxemburgo, y uno de los temas a abordar será la propuesta de Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que la Comisión Europea hizo pública oficialmente, ayer, y de la que ya informó FEPEX la semana pasada.
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Comienza el procedimiento legislativo ordinario que exige que la propuesta sea aprobada por el Consejo y el Parlamento, y una vez aprobada y publicada, los Estados miembros deberán trasponerla a la legislación nacional en un plazo máximo de dos años.
En su ficha informativa y nota de prensa, la Comisión Europea explica que “con la Directiva se propone una norma mínima común de protección en la UE y los Estados que ya aplican una norma más estricta contra las prácticas comerciales puedan seguir haciéndolo”. Explica que la propuesta de Directiva complementa la regulación a nivel de los Estados miembros, pudiendo ir estos más allá con su legislación. España ya dispone de Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Comisión explica también que habrá sanciones en caso de incumplimiento de la Directiva, por ello “se requiere que los Estados miembros designen una autoridad pública para hacer cumplir la prohibido respecto de las prácticas comerciales desleales. Dicha autoridad deberá ser capaz de llevar a cabo investigaciones –previa petición, pero también por iniciativa propia– dirigidas a la imposición de sanciones, así como publicar sus decisiones”.
La Directiva se aplicará también a los proveedores y compradores de fuera de la UE, según la Comisión, ya que “si solo se protegiera de las prácticas comerciales desleales a los proveedores de la UE, pero no a proveedores de terceros países, los compradores podrían tener incentivos para comprar a estos proveedores de terceros países (a los que podrían imponer prácticas comerciales desleales)”. FEPEX considera que la aplicación de la futura Directiva a las importaciones es crucial para el sector de frutas y hortalizas, ya que de lo contrario se generaría una situación de desventaja competitiva para el productor comunitario y distorsiones de la competencia.
